En nuestra sociedad existe la necesidad latente y visible de fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad o incapacidad, ya que dichas personas componen una parte importante de la población y tienen que hacer frente a diferentes obstáculos para lograr la plena integración social y laboral en el conjunto de la Comunidad.

Este colectivo comporta un total de 3,4 millones de personas en nuestro país en el año 2017, según la encuesta de "Discapacidad, Autonomía, Personas y Situaciones de Dependencia" del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por parte de las empresas se ve la necesidad de muchas de ellas, que por circunstancias del mercado laboral no pueden realizar contratos superiores a un año (susceptibles de beneficio económico) no recibe ningún tipo de beneficio monetario, y cumpliendo con la responsabilidad social coorporativa necesitan contratar gente y apuestan por las personas con discapacidad realizando contrataciones por menos de un año sin tener ningún tipo de beneficio.

A pesar del reconocimiento de diferentes medidas a nivel nacional y europeo para equilibrar la balanza en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos (haciendo un inciso: un eje central sobre el que se mueven los principales derechos de estas personas en nuesto país; es la ley 13/1982 del 7 de abril de la Ley de Integración Social de Minusválido, encuadrando en el título octavo por y para la integración laboral de este colectivo y la obligación y compromiso del Estado a velar por estos derechos) no es suficiente.