El pasado 27 de septiembre de 2013 un reducido grupo de manifestantes protestaba ante la presencia de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal que acudió a la reinauguración del museo provincial de Ciudad Real. Tras la concentración algunos de los presentes fueron identificados y días después éstos y otros tres manifestantes recibieron la citación para el juicio del 16 de diciembre de 2013. Uno de los denunciados ni siquiera participó de la protesta y tan sólo pasaba por allí.
El hecho de que tanto este como otros dos manifestantes que no fueron identificados hayan recibido la misma notificación implica la existencia previa de listas negras de activistas a los que se pueden enviar propuestas de sanción de forma indiscriminada. El atestado policial está repleto de afirmaciones tendenciosas sobre la militancia de los afectados, sus intervenciones en redes sociales o incluso su indumentaria como si el hecho de portar una camiseta de la marea verde fuese estuviese relacionado con la comisión de una falta.
Afectados por las sanciones administrativas y penales se organizan para hacer frente a la utilización política de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que realiza el Partido Popular a través de las delegaciones del Gobierno.
Los acusados por una supuesta falta de respecto a la autoridad el pasado 27 de septiembre cuando protestaban ante la visita de María Dolores de Cospedal a la reinauguración del museo provincial de la ciudad enfrentan un juicio el próximo día lunes 16.
Estos mismos acusados han comenzado una campaña en las redes sociales para denunciar la persecución de la que son objeto. Cuentan con una página web www.cospedalteodia.org que bajo el lema #CospedalTeOdia se desarrollará en distintas redes sociales como facebook (https://www.facebook.com/cospedal) o twitter (@cospedalteodia).
El objetivo de la misma es denunciar la campaña de acoso a las protestas que el gobierno de Rajoy pretende transformar en un problema de orden público. La deriva autoritaria del Partido Popular en el gobierno y de Cospedal en particular es especialmente grave en Castilla-La Mancha donde el número de sanciones administrativas es ya mayor que el del resto del periodo democrático. Los acusados pretenden asimismo conseguir apoyos en forma de adscripciones a la campaña y firmas así como donaciones económicas para hacer frente al gasto que supondrá este juicio en forma de abogados o de sanciones económicas.
Con este proyecto tratamos de sufragar los gastos que va a conllevar el juicio contra los manifestantes del 27 de septiembre pero también a otros casos similares como el de los preferentistas de Puertollano o los profesores de Guadalajara.
